República de Colombia

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Boletín de prensa 4  de abril de 2011

 

EL TIEMPO

 

A MAGISTRADOS DE CORTE CONSTITUCIONAL LES FALTÓ CONOCER A 'LA NIÑA'?

 

Por: MARÍA ISABEL RUEDA

 

 

Jorge Londoño Saldarriaga, presidente de Colombia Humanitaria, estudia camino alternativos para encarar la crisis invernal.

A pesar del presupuesto limitado, Jorge Londoño Saldarriaga, presidente de Colombia Humanitaria, dice que no se suspenderá asistencia a los afectados.

 

¿Cuáles son los problemas reales que trae la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la segunda emergencia social?

 

Sufrimos un traumatismo y estamos administrando otra emergencia.

 

¿Una emergencia más, ahora una jurídica, creada por la decisión de la Corte?

 

En cierta medida, por esa decisión se ha creado una emergencia en esta labor, que estamos atendiendo. No tenemos una interpretación definitiva de lo sucedido pues no conocemos la sentencia. Hoy, lunes, tendremos una junta extraordinaria para analizarlo y en esto estamos trabajando con todo el equipo de abogados que tenemos.

 

¿Estamos preparados para atender esa emergencia jurídica?

 

Creo que sí. El Congreso ha demostrado mucha disposición a ayudar. Desde la misma noche en la que se conoció esta decisión, el Gobierno comenzó a montar planes alternativos.

 

¿Podemos decir que, por cuenta de la decisión de la Corte, algo que se podía hacer más rápidamente de todas maneras se va a hacer, pero más lentamente?

 

Vamos a tener un traumatismo en el tiempo, pero aspiramos a reconstruir una capacidad similar de acción a la que teníamos con ayuda de las facultades de la emergencia. Puede que al final no nos rebaje la velocidad: va a ser un carro que va a correr con la misma rapidez, pero va a tener que entrar al taller unos días.

 

O sea que ya no solo tienen que reconstruir al país sino reconstruir la oficina que estaba reconstruyendo al país...

 

Le vamos a tener que hacer algunos ajustes, apretar algunas tuercas. Si tuviéramos que suspender la ayuda humanitaria que estamos proporcionando, esto sería catastrófico.

 

Yo lo entiendo así: ¿la primera emergencia era para atender lo inminente, la supervivencia de los damnificados, y la segunda para la reconstrucción?

 

Los decretos de ambas emergencias tocaban las dos fases. Algunas decisiones que ya estaban en ejecución, como contratos firmados, se siguen ejecutando porque ya tenían los fondos dispuestos. No vamos a suspender la distribución de alimentos, la provisión de servicios de salud, la reconstrucción de la escuela o la construcción del albergue: eso sigue. Lo delicado es que estábamos trabajando con los fondos al día, y sobre los próximos giros que tengamos que hacer habrá que encontrar y tener muy claros los mecanismos según los cuales se van a ejecutar, para no tener un traumatismo procedimental, o que la gente que toma las decisiones vaya a tener líos con la justicia.

 

¿Encuentra justificada la queja de la Corte de que el Gobierno no le explicó suficientemente las razones de la segunda emergencia?

 

Tengo respeto por la Corte Constitucional, pero a mí no me puede gustar ese fallo porque afecta muy directamente la labor a la que estoy dedicado. No tengo la capacidad de conceptuar si eso estuvo bien o mal hecho, porque es una especialidad distinta de la que manejo. Sí nos afecta. ¿Cuánto? Pues estamos trabajando para que sea lo mínimo. Frente a los riesgos, lo que hay que hacer es ver cómo se los mitiga. Creo que vamos a ser capaces de operar y esperamos que los traumatismos sean leves. Y esperamos, al mediano plazo, sacar soluciones permanentes.

 

A estas alturas, el lector se estará preguntando: pero si todo lo van a poder resolver igual ahora, que se cayó la emergencia, ¿para qué la emergencia?

 

Se cayó parte. Hoy, vamos a utilizar caminos alternativos, que existen, pero que nos van a tomar un poco más de tiempo y que habría sido mejor no tener que utilizar. Debemos analizar qué quedó vivo de la emergencia a ver cómo lo podemos usar y encontrar, entre los procesos normales, cuáles podemos acoger y utilizar. Por ejemplo, el Gobierno ya anunció que presentó una adición presupuestal mientras conocemos la sentencia. Y también esperaremos a ver si la Corte acepta la fórmula de modular su sentencia.

 

¿Usted se lo pediría así a sus magistrados?

 

Me parecería sin duda conveniente que eso se hiciera, porque la disposición de recursos es compleja. Pero hemos encontrado mucha disposición del Congreso para tramitar la adición presupuestal con la mayor rapidez.

 

¡Pero ese trámite por el Congreso tiene sus riesgos!

 

Muchos. Era plenamente justificado decir que, para atender esta emergencia, los recursos se tramitaran a través de unas facultades de emergencia.

 

A la Corte Constitucional le preocupa que en Colombia se pase a gobernar a punta de medidas de emergencia, y cree que el invierno se puede manejar con las facultades normales de todo Gobierno...

 

No cabe duda de que la emergencia era justificada, y prueba de ello es que el primer decreto de emergencia la Corte la avaló. Sobre el segundo, sus magistrados aducen que no quedó bien argumentada, cosa que yo respeto porque es un aspecto técnico de la decisión. Pero es difícil decir que no se justifica cuando ocurrió una tragedia que, por sus características, no tiene antecedentes ni por el número de afectados ni por el área geográfica comprometida ni por la naturaleza logística, porque esta emergencia no ha cesado.

 

Sí, no es lo mismo que un terremoto. La invernal es una emergencia que se desarrolla a corto, mediano y largo plazo. La Corte aduce que por qué no tomaron todas las medidas requeridas en la primera...

 

O que por qué no la prorrogamos... Son temas muy técnicos en los que no me corresponde pronunciarme. Ellos dicen: si hubiera sido una prórroga habría valido la argumentación de la primera. Pero como fue una nueva emergencia, había que volver a argumentarla.

 

Pero si las razones de la emergencia invernal son las mismas...

 

Como ciudadano uno pensaría que eso era absolutamente evidente.

 

Como que el agua moja y está lloviendo...

 

Repito que soy absolutamente respetuoso de la Corte. Está básicamente otorgando una licencia, por fuera de los mecanismos normales, y eso es grave y serio. A nosotros sí nos ponen a sudar. El trabajo nuestro es atender emergencias, y ahora tuvimos una jurídica.

 

Uno de los sueños que uno tiene como colombiano es que esta emergencia produzca un mejor país. ¿Quién esta soñando con esa planificación urbana: usted?

 

Si usted conoce al equipo de Colombia Humanitaria y la dirección de gestión de riesgos, entenderá que eso es lo que nos hace madrugar y ponerle todo el corazón a esto. Son momentos en los que se puede cambiar al país. Hay una inspiración muy clara en ese sentido del Gobierno. El presidente Santos dice que, si todos unidos enfrentamos esta emergencia, vamos a tener un mejor país. No solo se está refiriendo a que vamos a hacer mejores casas, escuelas y carreteras, sino a que el país tiene la oportunidad de hacer una gestión y demostrar que somos capaces. Si lo hacemos, vamos a llegar al final de esto con una mejor administración pública, con funcionarios más conocedores y más comprometidos. Pero, adicionalmente, vamos a tener mejores obras. Hoy, estamos en la primera etapa, en la atención de la emergencia. Y hemos optado por un camino que es polémico y es que vamos a trabajar con las administraciones e instituciones locales.

 

¿Polémico por qué?

 

Porque uno quisiera bajar del cielo la solución y traer al mejor constructor de casas que haya en el mundo o al mejor constructor de diques. Pero es que parte de tener un mejor país es hacerlo con participación de la comunidad.

 

Le agradezco en nombre de todos los colombianos que esté al frente de estos comités. Pero usted trabaja en una oficina de Bogotá. ¿Quién se está metiendo al barro en las zonas de emergencia?

 

Soy yo el que debe agradecer estar acá por la oportunidad que tengo de hacer cosas que incidan en la vida del país. Claro, tenemos mucho trabajo de oficina. Y por eso nos hemos propuesto la tarea de salir una vez a la semana al terreno. Pero tenemos gente que permanentemente está coordinando en las regiones la labor. Esta tragedia es conmovedora. Encontrarse con todos esos colombianos en albergues o en carpas mientras su población está totalmente inundada... Son comunidades enteras las que tenemos en esas condiciones.

 

Pero ustedes cuentan con 16 billones para reconstruir al país. ¿A qué atribuye las críticas de que esta reconstrucción va muy lenta?

 

Estamos haciendo una labor muy compleja. Podemos estar contentos con su avance, pero no totalmente satisfechos. Estamos atendiendo una emergencia. Nadie puede estar contento viviendo tres meses en una carpa. Y lo peor es que muchas personas van a tener que pasar más tiempo bajo las carpas. La semana pasada hubo inundaciones y desplazados adicionales.

 

¿Es cierto que se juntaron tres inviernos?

 

Lo que está pasando es que todavía el fenómeno de 'la Niña' permanece activo. El nivel de lluvias es superior, la tierra está demasiado húmeda y no tiene capacidad de absorción y tenemos un riesgo evidente de que de aquí a mayo o junio se nos presenten desastres adicionales del fenómeno de 'la Niña', el mismo que nos llevó a decretar la emergencia.

 

A estas alturas, creo entender el comportamiento de la Corte frente a la emergencia. Fue que nos faltó presentarles 'la Niña' a sus magistrados...

 

SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL

 

Mauricio Vargas

 

La reforma de la Justicia está en veremos por disputas entre las cortes, y entre estas y el Gobierno.

van casi cinco meses de sesiones del comité de magistrados, Ministro, Fiscal, Procurador y asesores, que busca un consenso para sacar adelante una reforma de la justicia que el Gobierno considera uno de sus objetivos prioritarios. Hasta el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas, que arrancó sus labores en agosto dedicado a mejorar el clima de las relaciones entre el Ejecutivo y las cortes, está perdiendo la paciencia.

"Los magistrados son muy juiciosos. Se reúnen los martes y jueves, pero sin resultados -dijo Vargas en un foro-. Sus discusiones son interminables, muy interesantes, con mucha academia y fundamento jurídico, pero de ahí no pasan". A su vez, voceros de las cortes dicen que se han sentido como "convidados de piedra, porque el Ejecutivo ya tiene su proyecto listo".

Algunos conocedores creen que el Gobierno se pasó de ingenuo al pensar que, gracias a las amables visitas del Presidente a los magistrados, que buscaban marcar un contraste con los tiempos de Álvaro Uribe, sacaría adelante una reforma con el consenso de los altos tribunales. Las confrontaciones entre las cortes llevan años -al menos desde la Constitución del 91- y nada ha cambiado en las diferencias que, en muchas ocasiones, han derivado en choque de trenes.

La tutela contra sentencias, que abre la posibilidad de que la Corte Constitucional tumbe decisiones de la Suprema y del Consejo de Estado, cuando esas determinaciones hayan violado derechos fundamentales, irrita a estos dos últimos tribunales.

Otro asunto que los divide es la propuesta del Gobierno de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, un organismo cuestionado por su politización. Parte de la Suprema y de la Constitucional apoya la idea de que sea eliminado y de volver a un gerente para el manejo administrativo de la Justicia (hoy es una sala de ese Consejo) y de una supercorte de magistrados de los demás tribunales, para investigar y juzgar disciplinariamente a los jueces (labor que hoy desempeña otra sala del Consejo).

A ese cambio, considerado como saludable por algunos expertos, se opone, como es obvio, el Consejo Superior, la mayoría de cuyos miembros, según alegan sus críticos, se niega a perder el enorme poder burocrático que le otorga la actual legislación. Según me indican algunas fuentes, la cúpula del Consejo Superior ha conseguido el apoyo de un amplio número de magistrados del Consejo de Estado y de otros de la Suprema. Así que la cosa no está fácil.

Pero aparte de las disputas entre las cortes, hay contenciosos entre algunas de estas y el Gobierno. Un ejemplo: hace pocos días, el presidente del Consejo de Estado le llevó una carta al presidente Juan Manuel Santos, con un largo listado de peticiones, incluidas unas presupuestales, que, en opinión del Ministerio de Hacienda, son absolutamente inaceptables.

 

El Gobierno no está obligado a consensuar la reforma con las altas cortes. El poder legislativo y constituyente lo tiene el Congreso. De hecho, el ministro Vargas ya anunció que, si no hay acuerdo, avanzará en un texto con los representantes de las amplias mayorías de la Unidad Nacional en las cámaras. Pero tanto Vargas como Santos saben que dar ese paso sería leído en las cortes como un desafío y que, en consecuencia, hasta ahí llegaría el buen clima, al menos con aquellos altos tribunales que se sintieran lesionados por el proyecto de reforma.

En la Casa de Nariño ya se preguntan si algunos de los recientes fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que han sido adversos al Gobierno, no tienen algo de pelada de dientes preventiva. Difícil decirlo, pero en todo caso está claro que la luna de miel que el Gobierno y las cortes dieron la impresión de vivir desde que Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia de la República está tocando a su fin.

 

EL NUEVOP SIGLO

 

ATERRIZAR REFORMA JUDICIAL

 

LA  urgencia de una reforma integral a la rama judicial nadie la discute. Todos los estamentos nacionales están de acuerdo en la necesidad de ajustes de fondo a todo el sistema de administración de justicia. Y esa coincidencia no es de ahora, sino que lleva varios años sobre el tapete, al ser más que evidente que la jerarquización de jurisdicciones y facultades que determinó la Constitución de 1991 y algunas reformas posteriores, no le han permitido al país que el funcionamiento de esa rama del poder público sea el más adecuado para enfrentar de forma más eficiente flagelos como el conflicto armado, la corrupción y otras manifestaciones delincuenciales.

Dada la polarización que el pasado gobierno generó con la cúpula judicial, esa reforma fue imposible de tramitar y los pocos intentos que se hicieron al respecto naufragaron indefectiblemente en el Congreso. Tras el relevo en la Casa de Nariño se distensionaron las relaciones entre el Ejecutivo y las altas cortes, y en medio de ello de nuevo se puso sobre la mesa la urgencia de una modificación de fondo al sistema de justicia, e incluso se creó una Mesa Interinstitucional para que adelantara debates sobre el contenido del respectivo proyecto para ser llevado luego al Congreso. Esa Mesa, en la que tienen asiento los presidentes de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, de los consejos de Estado y Superior de la Judicatura, así como Fiscalía, Procuraduría, academia y el Gobierno, ha venido analizando una amplia temática pero hasta el momento no se ha logrado consolidar un borrador de la reforma. Son muchos los asuntos de fondo en donde los disensos son grandes: el futuro del Consejo Superior de la Judicatura, el principio de cosa juzgada, una nueva delimitación jurisdiccional, los cambios al ámbito de la acción de tutela, la propia carrera judicial… En fin, asuntos en los que ya está visto que la Mesa Insterinstitucional no se pondrá de acuerdo y, por lo tanto, la sana lógica indica que, agotada la etapa de consulta y búsqueda de consensos, se debe actuar con realismo, proceder a redactar el borrador de una iniciativa lo más completa posible, llevarla al Legislativo y una vez allí, como es propio de los regímenes democráticos, que cada alta Corte, Gobierno,  entes de control y vigilancia y demás sectores políticos, judiciales, gremiales, sociales e institucionales, presenten sus respectivos puntos de vista sobre los temas que no concitaron acuerdos, para que sean debatidos y, al final, Senado y Cámara tomen las decisiones definitivas.

En otras palabras, por más sopesados y argumentados que sean los argumentos de las distintas partes, es claro que no habrá consenso previo sobre el alcance de la reforma y, por lo tanto, el turno es del Congreso. Las discusiones eternas no llevan a ninguna parte.

En ese orden de ideas, la cita de esta semana entre las altas cortes y el Gobierno debe hacer las veces de un último intento para conciliar diferencias y pareceres. Después, ya le corresponderá al Ministerio del Interior y Justicia redactar un proyecto base y radicarlo para que las comisiones primeras de Senado y Cámara y las respectivas plenarias, a lo largo de ocho debates y dos tramos distintos de legislatura discutan con detenimiento y profundidad cada tema, ya sea de los que alcanzaron consenso previo como aquellos que generan divergencias.

 

Las leyes aprobadas y proyectos en trámite en los últimos siete meses referentes al tema judicial, requieren una norma marco que los articule. Seguir por la vía de las reformas pequeñas y aisladas, puede llevar al país a una sinsalida institucional en la que los únicos ganadores serán el conflicto armado, la corrupción y la delincuencia en general. No hay, pues, tiempo que perder.

 

REVISTA SEMANA

 

"EL GOBIERNO SE DIO ATRIBUCIONES EXCESIVAS"

 

El magistrado Juan Carlos Henao dice que el fallo de la Corte Constitucional no supone que los damnificados del invierno sean desatendidos.

Frente a las críticas que le han caído a la Corte Constitucional, su presidente, Juan Carlos Henao, dice que el Estado ya tiene suficientes herramientas excepcionales para atender a los damnificados por el invierno y que el fallo de la Corte que tumbó la segunda declaratoria de emergencia busca defender el equilibrio de poderes.

 

SEMANA: ¿Lo sorprendieron las críticas al fallo que tumbó la emergencia económica?

 

JUAN CARLOS HENAO: Sí. Creo que algunos medios han presentado los efectos del fallo de una manera que no se ajusta a la realidad. El fallo tumba la segunda declaratoria del estado de emergencia económica y social, pero no la primera, la primera sigue vigente.

 

SEMANA: La Corte Constitucional siempre se ha visto como defensora de las víctimas. Ahora, con este fallo, ha sido tachada de insensible frente a millones de damnificados…

 

J.C.H.: Eso no es cierto. La Corte es sensible con los damnificados y lo seguirá siendo. Tan es así que le dio el visto bueno a la primera emergencia, que dio pie a 24 decretos que le dan al gobierno facultades jurídicas excepcionales, recursos de financiación excepcional, medidas de expropiación, medidas de contratación directa excepcionales… gracias a las cuales las víctimas no deben estar desatendidas. Esa primera emergencia fue declarada constitucional porque era un hecho notorio que había millones de colombianos sufriendo y que el gobierno tenía que reaccionar pronto.

 

SEMANA: Con ese mismo argumento, el de que el invierno es un hecho notorio, algunos tildan de santanderista a la Corte por tumbar la segunda…

 

J.C.H.: No. Ahí es donde hay que tener claro que la Corte observó que no había hechos realmente nuevos. Por ejemplo, no es claro por qué las herramientas que obtuvo el Estado con la primera emergencia no fueron suficientes para afrontar la crisis. Es que no se puede perder de vista que ya se habían avalado facultades excepcionales al gobierno para legislar sin ir al Congreso.

 

SEMANA: ¿Si el gobierno hubiera dicho "el tiempo no fue suficiente para elaborar los decretos" eso habría servido como explicación? ¿O es que la Corte considera que los decretos que se expidieron en la segunda emergencia no eran necesarios?

 

J.C.H.: Muchos de los decretos nuevos simplemente corregían o adicionaban otros.

 

SEMANA: ¿Y eso no es válido? ¿Si el gobierno sintió que le quedó cojo un decreto, podría necesitar la emergencia para arreglarlo?

 

J.C.H.: No, porque se llegaría al extremo de permitir que constantemente el Ejecutivo considere que como no cumplió o no previó ciertas situaciones siga reproduciendo, por unos mismos hechos, el estado de emergencia.

 

SEMANA: Los decretos de la segunda emergencia han estado vigentes casi tres meses. ¿En ese tiempo el gobierno, por ejemplo, pudo haber puesto en práctica el que le permitía traslados presupuestales por 5,6 billones de pesos para destinarlos a la emergencia?

 

J.C.H.: El gobierno sí pudo haberlo hecho. Pero no sé si lo hizo. La Corte aún no se ha pronunciado sobre ese decreto y debe pronunciarse en unos quince días.

 

SEMANA: ¿Pero ese no es uno de los diez que se cayeron con la segunda emergencia?

 

J.C.H.: Cayó el decreto madre, pero luego viene el estudio de cada uno de esos diez decretos, que, técnicamente, no han caído porque no han sido sometidos, uno por uno, al control de la Corte. La Corte debe decidir si los efectos son hacia futuro o hacia atrás.

 

SEMANA: ¿Es decir que si el gobierno hizo ya el traslado de los 5,6 billones y si la Corte dice que el decreto se cae hacia futuro, su caída no afectaría nada?

 

J.C.H.: Exacto. Si hicieron esos traslados presupuestales, se salvan esos recursos para la emergencia, si así lo decide la Corte. Tal vez lo hicieron, porque no tendría mucho sentido que no hubieran efectuado ningún traslado si se requería actuar con urgencia.

 

SEMANA: El presidente Santos dijo que con el fallo de la Corte quedó con las manos atadas para atender la emergencia. ¿Usted está de acuerdo?

 

J.C.H.: No. Con todo respeto, no tiene atadas las manos. Como ya dije, en la primera emergencia se promulgaron 24 decretos y en ellos hay herramientas e instrumentos de financiación suficientes para atender la emergencia. Está, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, el de redistribución de regalías, la posibilidad de empréstitos, etcétera. Ya van casi cuatro meses en los que el gobierno ha podido actuar. Lo que pasa es que el gobierno hizo un diseño que va más allá de la emergencia, va de 2011 a 2018, y lo dividió en tres etapas: la primera es la urgente, de ayuda humanitaria para la gente que está padeciendo el fenómeno de La Niña, que es la menos costosa, vale 2,7 billones de pesos, y para eso ya deben existir los dineros. La segunda fase es la de rehabilitación, que va de 2011 a 2014, cuesta 6 billones de pesos y -si el gobierno hizo traslados presupuestales- también debe tener ya recursos. Y en tercer lugar está la fase de reconstrucción, de 2014 a 2018, que es de lejos la más costosa, 21 billones de pesos, porque incluye obras de infraestructura.

 

SEMANA: ¿Cree que el gobierno quería aprovechar la crisis para aprobar todo un plan de desarrollo vía decreto, sin pasar por el Congreso?

 

J.C.H.: Hace unas semanas, la Corte estudió dos de los decretos de la primera declaratoria de emergencia en los que se autorizaban transferencias de recursos al Fondo Nacional de Calamidades y se hacían excepciones de contratación a la Ley 80. Y en ese entonces fuimos muy claros en afirmar que dichos poderes se daban, pero limitados en el tiempo, es decir, no de 2011 a 2018.

 

SEMANA: ¿El gobierno iba a contratar a dedo 26 billones de pesos? Todo su mandato…

J.C.H.: Yo diría, contratar por fuera de la Ley 80, que es la norma que ha concebido el Estado para el funcionamiento normal de las instituciones. El gobierno concibió los decretos de la primera emergencia económica en esas tres fases, que equivalen a ocho años.

 

SEMANA: Elección y reelección...

 

J.C.H.: Dos mandatos presidenciales. Muchos decretos planteaban, para esos ocho años, excepciones en procedimientos absolutamente esenciales del funcionamiento de la sociedad, como por ejemplo la contratación, la expropiación, la construcción de grandes obras urbanísticas. La Corte dijo: "Sí, señor presidente, es constitucional que usted haga esto, pero hágalo por un año o dos años, dependiendo del caso".

 

SEMANA: ¿El gobierno planteó un estado de excepción de ocho años?

 

J.C.H.: En cierta medida. Los poderes que daban los decretos eran extendidos a las tres fases. En un estado de urgencia, se trata de actuar en periodos cortos.

 

SEMANA: ¿Lo otro tiene que pasar por el Congreso?

 

J.C.H.: Sí. Y eso es lo que quiero reivindicar. Uno de los grandes cambios de la Constitución de 1991 fue el tratamiento a los estados de excepción. La de 1886 permitía que los gobiernos funcionaran con base en estados de excepción, lo cual exacerba el presidencialismo.

 

SEMANA: ¿Está diciendo que el gobierno se estaba tomando demasiadas atribuciones?

 

J.C.H.: La Corte Constitucional ha considerado que muchas de las funciones que se dio el Ejecutivo en esta emergencia han sido excesivas, y por eso ha entrado a limitarlas. La función del gobierno es atender la crisis; la de la Corte es controlar que se haga dentro del cauce constitucional.

 

SEMANA: ¿Entonces el problema de la segunda declaratoria no es si hay invierno o no, sino los efectos que puede tener un nuevo estado de excepción en la arquitectura del Estado?

 

J.C.H.: En efecto, lo que la gente no ha entendido es que cuando se declara inexequible el segundo estado de emergencia es porque la Corte defiende con ahínco la separación de poderes y el control que se ejerce entre ellos. Para que una democracia funcione correctamente, cada uno de los poderes tiene que desempeñar un papel fundamental. La función del juez, y por tanto de una Corte Constitucional -y eso viene de Tocqueville, Rousseau, Montesquieu, y Kelsen lo ha desarrollado últimamente- , es controlar el ejercicio de los poderes. Un estado de excepción de por sí lleva a una ruptura del funcionamiento de las instituciones.

 

SEMANA: Y en Colombia ya se han declarado cuatro en menos de tres años: el de DMG, el de la crisis de la salud, el de la justicia y el de la frontera con Venezuela...

 

J.C.H.: Creo que el promedio en Colombia en los últimos años es de 1,4 estados de excepción al año. Es ahí donde radica la importancia de que haya una Corte Constitucional que recuerde que los estados de excepción son para usarse excepcionalísimamente, porque desvertebran el funcionamiento normal del Congreso y del Estado en general. El Ejecutivo se convierte en el legislador por excelencia y desplaza al Congreso.

 

SEMANA: ¿Que el Congreso le diga al gobierno que le aprueba los recursos para capotear la crisis del invierno es una demostración de que no necesitaba un estado de emergencia?

 

J.C.H.: Eso es una demostración de la colaboración armónica de los poderes, que es precisamente lo que la Corte Constitucional quiere reivindicar. La reacción que ha tenido el Congreso en este momento ha sido muy positiva porque no hay que olvidar que es la sede natural de la democracia.

 

SEMANA: ¿Así esté deslegitimado?

 

J.C.H.: No importa que el Congreso esté deslegitimado o no. Si lo estuviera, la Corte tiene que actuar en su defensa y los ciudadanos, recuperarlo, pero nunca abandonarlo. La invitación que hago a partir del fallo es a que se reflexione sobre el equilibrio de poderes, sobre el papel fundamental del Congreso como templo de la democracia, como lugar donde se dan los debates, donde están todas las religiones, todas las maneras de pensar, todos los partidos políticos.

 

 

RCN  RADIO

 

CONGRESO RECUPERA SUS FACULTADES LEGISLATIVAS

 

El Congreso de la República recuperó sus facultades legislativas y asume ahora la responsabilidad de convertirse en el arquitecto de la reconstrucción del país, según el senador del Movimiento Mira, Carlos Alberto Baena.

 

Después de que la Corte Constitucional tumbará la segunda declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que contempla temas urgentes como: agua potable, refugio, alimentación y medicinas, el Congreso deberá asumir el compromiso de aprobar la adición presupuestal necesaria, para que las entidades competentes cuenten con los recursos necesarios para dar atención inmediata de la población damnificada.

 

Según la bancada del Mira, el Gobierno deberá expedir los decretos ordinarios de su competencia que permitan aumentar la base de estas ayudas.

 

 

CARACOL RADIO

 

NUEVAMENTE SE REUNIRÁ LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA ANALIZAR LOS DECRETOS DE EMERGENCIA SOCIAL

 

Hoy la Corte Constitucional se reúne de forma extraordinaria con el fin de terminar el análisis de los decretos reglamentarios de la primera emergencia social que fueron avalados por el alto tribunal.

La Corte busca darle prioridad a los decretos declarados exequibles por la corte y luego definir si modula o posterga los efectos de la segunda emergencia social declarada inconstitucional.

Dentro de los decretos que estudia hoy la Corte está la autorización a la Nación para enajenar su participación accionaria de Ecopetrol hasta en un 10%, como también el impuesto al patrimonio, el fondo de vivienda y la modificación del presupuesto.

El alto tribunal ha dispuesto que agotado el estudio de estos decretos estudiará uno a uno las 12 normas que fueron expedidas en la segunda emergencia económica que en la actualidad no tiene efectos pero que exige un pronunciamiento por parte de la Corte.